Nueve de cada diez líderes empresariales encuestados (91 %) consideran que la transición hacia una economía baja en carbono y ambientalmente sostenible refuerza la competitividad de la UE a largo plazo. Al mismo tiempo, más de la mitad (55 %) afirma que los recientes esfuerzos de «simplificación» de la UE han tenido un impacto negativo o mixto en sus empresas.

La encuesta, titulada Beyond Uncertainty («Más allá de la incertidumbre»), recoge las opiniones de 350 altos directivos de empresas de distintos sectores de la UE sobre la relación entre sostenibilidad y competitividad.

Sus resultados muestran una clara desconexión entre el impulso de la UE para debilitar las normas ambientales y de sostenibilidad y lo que las propias empresas aseguran necesitar para competir.

Para los líderes empresariales encuestados, mantener el rumbo de la transición verde de la UE es una prioridad económica. Entre sus principales razones señalan la reducción de la exposición a los riesgos climáticos y para la naturaleza, una mayor seguridad energética y de los recursos, y unos costes más estables y predecibles.

«¿Cuántas señales más necesita Europa para darse cuenta de que no podemos desregular para salir de la crisis climática?», afirmó Ester Asin, directora de WWF en la UE. «Este verano ha sido un doloroso recordatorio de que Europa ya está pagando el precio del colapso climático, con enormes costes económicos. Sin embargo, la respuesta de la UE es poner en el punto de mira nuestras protecciones ambientales. Las empresas lo están dejando claro: debilitar las políticas de sostenibilidad solo hará que Europa sea menos competitiva».

Los costes económicos de la inacción climática ya están afectando a Europa. El calor extremo de este verano podría reducir el PIB de la UE en torno a un 1 % en 2026 debido a los daños económicos.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea estima que el coste de no aplicar la legislación medioambiental de la UE ya existente asciende a unos 180 000 millones de euros al año. Esta cifra es diez veces superior a los 17 000 millones de euros de ahorro administrativo anual que, según la Comisión, han generado hasta ahora sus esfuerzos de simplificación.

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